Los costos del libre comercio
(SPANISH TRANSLATION by EHC STAFF)
Por Bob Filner y Diane Takvorian
17 de diciembre, 2004
El Acuerdo de Libre Comercio Centroamérica República Dominicana-Estados Unidos y el Área de Libre Comercio de las Américas están en el período final antes de ser presentados ante el Congreso de los Estados Unidos para su aprobación. Ambos deben de ser rechazados porque, en su forma actual, socavan los derechos básicos laborales y ambientales.
Estos dos tratados de libre comercio expanderían el modelo fracasado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 (TLC) a 34 países de Latino América y el Caribe. En el décimo aniversario del TLC, se ha llegado al veredicto final: que el TLC es un fracaso económico, social y ambiental. Nosotros que vivimos en la región fronteriza de San Diego/Tijuana hemos visto que las promesas del TLC no se han cumplido. El libre comercio se ha manifestado en creciente pobreza, incremento en la desigualdad social, inestabilidad económica, derechos laborales socavados y en una severa degradación ambiental.
El TLC falló en crear un desarrollo económico sustentable. Mientras que la industria manufacturera se colapsó en los EEUU, trabajos mal renumerados en el sector de servicios en San Diego aumentaron casi en un tercio. El incremento inicial de trabajos en Tijuana ha terminado debido a que plantas maquiladoras se van de México a otros países donde los salarios son aún más bajos; se han llevado consigo más de 240,000 empleos de manufactura.
El TLC también falló en crear prosperidad. Las zonas de pobreza en San Diego se duplicaron. Actualmente, 35,000 niños más viven en la pobreza en San Diego que en 1989. En Tijuana, el salario promedio de un trabajador de tiempo completo en las maquilas es de 75 dólares por semana, forzándolos a vivir en asentamientos irregulares sin acceso a agua potable, drenaje, electricidad, o recolección de basura.
El TLC no redujo la migración de México a los EEUU como se prometió. El número de mexicanos indocumentados viviendo en los EEUU se duplico durante el TLC, creciendo de 2 millones a por los menos 4.8 millones. Las medidas extremas para controlar la migración han resultado en un aumento del 1,000 por ciento en muertes de inmigrantes, y sin embargo, el gobierno de EEUU quiere expander sus políticas de libre comercio que incrementan la presión para emigrar al crear un aumento a la pobreza y a la inestabilidad económica.
El TLC no protegió al medio ambiente. En el caso emblemático de Metales y Derivados, la Coalición de Salud Ambiental de San Diego se unió a residentes de la colonia Chilpancingo de Tijuana para exigir la limpieza de 23,000 toneladas de tóxicos que se encontraban en esta maquiladora estadounidense abandonada. Después de cuatro años, la comisión ambiental del TLC concluyó que el sitio representa un “grave riesgo a la salud humana.”
Pero la comisión no tiene un mecanismo para aplicar la ley. Recientemente, el gobierno mexicano firmó un convenio con residentes de la comunidad para limpiar el sitio en un periodo de cinco años. Aunque este es un importante paso hacia adelante, es el resultado de la lucha persistente de la comunidad y no de la comisión de protección ambiental del TLC ya que no tiene autoridad.
El TLC falló en proteger los derechos laborales. Veintiocho peticiones fueron presentadas ante la comisión laboral del TLC. ¿Los resultados? Dos trabajadores fueron temporalmente reestablecidos a sus puestos. Desde 1994, ni un solo sindicato independiente ha sido reconocido y tampoco ha sido resuelta una sola queja sobre salud y seguridad laboral a través de los procesos establecidos por el TLC.
Nuestra experiencia en esta región trans-fronteriza de San Diego/Tijuana es una lección para el futuro. El Congreso de EEUU debe rechazar cualquier tratado de comercio que no incluya los siguientes principios de comercio justo:
Protección ambiental aplicable. Debe haber provisiones que prohíban a los países en vías de desarrollo bajar sus estándares ambientales o no aplicar sus leyes ambientales con el fin de atraer la inversión extranjera.
Respeto por los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT. Cumplir con los estándares de salud, seguridad y salarios de la OIT es fundamental para reducir la pérdida de trabajos y crear una economía global más equitativa.
Dar prioridad a la protección de los derechos humanos, laborales y ambientales por encima de los derechos de los inversionistas. El desastroso mecanismo para resolver disputas bajo el capítulo 11 del TLC permite que las corporaciones extranjeras interpongan demandas a los gobiernos por la posible pérdida de ganancias por la aplicación de sus leyes nacionales.
En algunos países, la simple amenaza de estas costosas demandas puede prevenir la adopción de nuevas leyes ambientales o la implementación de leyes existentes. Los inversionistas extranjeros deben ser obligados a actuar de una forma socialmente responsable.
Cumplimiento con prácticas democráticas gubernamentales ya establecidas. La negociación y administración de los tratados de comercio deben de ser transparentes, responsables, participatorias, equitativas y conforme a la ley. Los tratados de comercio no deben de establecer nuevos estándares fuera de los procesos regulatorios nacionales.
Transferencia de recursos económicos para reducir la inequidad entre países firmantes. Los acuerdos comerciales entre países con una gran disparidad entre niveles de desarrollo deben incluir recursos de apoyo para los países menos desarrollados para que así, estos puedan promover la cohesión social, regional y económica y construir economías estables y sustentables.
El costo del libre comercio es la pobreza, la contaminación, la inestabilidad y la injusticia. Al derrotar el Acuerdo de Libre Comercio Centroamérica República Dominicana-Estados Unidos y el Área de Libre Comercio de las Américas, el Congreso de los EEUU cumplirá con su obligación de defender los derechos económicos y ambientales básicos y de construir prosperidad y seguridad.
Filner representa el Distrito 51 del Congreso, que incluye las áreas fronterizas en los condados de San Diego e Imperial. Takvorian es la directora ejecutiva de la Coalición de Salud Ambiental, basada en National City.
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